Extradición de “La Tuta” exhibe el fracaso del sistema penitenciario mexicano
Carolina Loa
El traslado de Servando Gómez Martínez, alias “La Tuta”, a Estados Unidos, junto con otros 25 internos de alto perfil, fue calificado por el gobierno federal como una medida de seguridad nacional. La decisión se basó en que, pese a su reclusión en penales mexicanos, los extraditados continuaban operando redes criminales desde prisión.
Gómez Martínez, exmaestro y líder de La Familia Michoacana y posteriormente de Los Caballeros Templarios, acumuló una trayectoria marcada por extorsiones a sectores productivos de Michoacán, así como por su influencia sobre autoridades locales. Su imagen quedó asociada a videos públicos en los que aparecía con funcionarios, empresarios y líderes políticos, incluido Rodrigo Vallejo, hijo del entonces gobernador Fausto Vallejo.
La operación de extradición, realizada entre el 12 y 13 de agosto, se efectuó bajo garantías de que los procesados no enfrentarán pena de muerte. La Casa Blanca solicitó su entrega y el gobierno mexicano la presentó como una decisión soberana.
En el caso de “La Tuta”, la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York informó que ya se encuentra bajo custodia federal por cargos de importación de drogas. De ser declarado culpable, podría enfrentar cadena perpetua.
En Michoacán, el traslado tiene un impacto simbólico debido a que Gómez Martínez es señalado como uno de los principales responsables de institucionalizar el cobro de “cuotas” a productores de limón, aguacate y mango, así como a comerciantes y contratistas. Aunque su ausencia desactiva la posibilidad de que continúe operando directamente desde una prisión mexicana, especialistas advierten que no erradica por sí sola las redes de extorsión existentes.
La captura del capo en 2015 y el surgimiento posterior de grupos de autodefensa no lograron frenar la violencia ni el control territorial de la delincuencia organizada. Analistas señalan que el verdadero reto será evaluar si esta extradición contribuye a reducir las cuotas y mejorar la seguridad en el estado.
De acuerdo con el Departamento de Justicia de Estados Unidos, el proceso incluyó a 26 internos y fue documentado por medios nacionales e internacionales como Univision, Telemundo, El País, Associated Press y RFI.
El traslado de Servando Gómez Martínez, alias “La Tuta”, a Estados Unidos, junto con otros 25 internos de alto perfil, fue calificado por el gobierno federal como una medida de seguridad nacional. La decisión se basó en que, pese a su reclusión en penales mexicanos, los extraditados continuaban operando redes criminales desde prisión.
Gómez Martínez, exmaestro y líder de La Familia Michoacana y posteriormente de Los Caballeros Templarios, acumuló una trayectoria marcada por extorsiones a sectores productivos de Michoacán, así como por su influencia sobre autoridades locales. Su imagen quedó asociada a videos públicos en los que aparecía con funcionarios, empresarios y líderes políticos, incluido Rodrigo Vallejo, hijo del entonces gobernador Fausto Vallejo.
La operación de extradición, realizada entre el 12 y 13 de agosto, se efectuó bajo garantías de que los procesados no enfrentarán pena de muerte. La Casa Blanca solicitó su entrega y el gobierno mexicano la presentó como una decisión soberana.
En el caso de “La Tuta”, la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York informó que ya se encuentra bajo custodia federal por cargos de importación de drogas. De ser declarado culpable, podría enfrentar cadena perpetua.
En Michoacán, el traslado tiene un impacto simbólico debido a que Gómez Martínez es señalado como uno de los principales responsables de institucionalizar el cobro de “cuotas” a productores de limón, aguacate y mango, así como a comerciantes y contratistas. Aunque su ausencia desactiva la posibilidad de que continúe operando directamente desde una prisión mexicana, especialistas advierten que no erradica por sí sola las redes de extorsión existentes.
La captura del capo en 2015 y el surgimiento posterior de grupos de autodefensa no lograron frenar la violencia ni el control territorial de la delincuencia organizada. Analistas señalan que el verdadero reto será evaluar si esta extradición contribuye a reducir las cuotas y mejorar la seguridad en el estado.
De acuerdo con el Departamento de Justicia de Estados Unidos, el proceso incluyó a 26 internos y fue documentado por medios nacionales e internacionales como Univision, Telemundo, El País, Associated Press y RFI.
