DESPLAZAMIENTO FORZADO Y PSICOLOGÍA: ¿CÓMO VAMOS?
Somos Nuestra Memoria
Por Boris González Ceja
Luis tiene una hectárea bien ubicada en la sierra de Sinaloa, donde siembra maíz.
Desde hace tiempo, integrantes del crimen organizado lo presionan para que cambie el uso de su tierra o la abandone. La amenaza es directa: si se resiste, él y su familia
pueden ser asesinados.
Historias semejantes se repiten en comunidades rurales de Chihuahua, Michoacán,
Chiapas, Guerrero y Zacatecas. El desplazamiento forzado interno ocurre cuando
personas, familias o comunidades enteras se ven obligadas a abandonar su hogar para proteger la vida, sin cruzar una frontera internacional.
Aunque el fenómeno suele aparecer en las noticias como una cifra o una breve nota
roja, detrás de cada desplazamiento hay una ruptura profunda. Se pierde la casa, la
tierra, el trabajo, la escuela, la red familiar, la identidad comunitaria y la sensación
elemental de seguridad. También se pierde la posibilidad de planear el futuro. Quien
huye lleva consigo algunos objetos, pero sobre todo carga miedo, duelo, incertidumbre y la obligación de comenzar desde cero en un lugar desconocido.
En materia de salud mental existe una preocupante desconexión institucional. Como
psicólogo y especialista en violaciones graves a los derechos humanos, he señalado en repetidas ocasiones la ausencia de psicólogos comunitarios suficientemente
capacitados en albergues temporales y zonas de refugio.
Las personas desplazadas no necesitan únicamente una consulta aislada: requieren
acompañamiento sostenido, sensible a su historia, su cultura y las condiciones de
riesgo que todavía enfrentan.
El despojo de tierras y propiedades por conflictos religiosos, agrarios o políticos, así
como la violencia ejercida por grupos delictivos con la tolerancia o complicidad de
autoridades locales, puede producir síntomas de estrés postraumático, depresión,
ansiedad, insomnio, culpa y desesperanza.
Por eso, la atención no puede reducirse a decirle a una persona que “piense positivo” o que acuda a terapia convencional durante unas cuantas sesiones. La intervención debe incluir diversas acciones complejas para la atención de problemas complicados, como el desplazamiento. La salud mental no se sostiene cuando una familia sigue sin saber
si puede regresar, cuando carece de ingresos, cuando son despreciados en ciudades a
donde llegan o cuando teme que sus agresores permanezcan impunes.
Un caso especial es el de las infancias, que requieren una atención prioritaria. Niñas,
niños y adolescentes desplazados pueden haber presenciado asesinatos, sufrido la
desaparición de familiares o perdido de manera repentina su escuela, sus amistades y
su entorno protector. La interrupción educativa y la incertidumbre afectan su desarrollo
emocional.
Las mujeres, las personas mayores, las comunidades indígenas y quienes tienen
alguna discapacidad enfrentan obstáculos adicionales. Una política pública seria debe
identificar sus barreras y garantizar atención con perspectiva de derechos humanos,
género, interculturalidad y ciclo de vida.
El problema es que los gobiernos continúan presentando informes maquillados,
mientras miles de personas sobreviven. El presupuesto público no pertenece a los
funcionarios ni a sus familias: proviene de los impuestos de la sociedad y debe
utilizarse para proteger a quienes enfrentan una emergencia humanitaria. Ninguna
beca del bienestar sustituye una política integral de seguridad, justicia y salud mental.
También es inadmisible que la ayuda se convierta en propaganda. En una ocasión, una
política nos pidió realizar una intervención en la frontera “de a gorra”, con el propósito
evidente de tomarse la fotografía y presumir que atendía el desplazamiento forzado.
Nos negamos. La atención psicológica no puede ser un escenario para la promoción
personal ni una dádiva condicionada a la imagen de un funcionario.
Causas y azares:
Vaya nivel de corrupción y de cinismo el que se ventila todos los días con los
gobiernos y sus familiares, que no están peor que los anteriores, pero como
todos son iguales y solo se reciclan en sus posiciones, la cosa va para largo, en
un país donde la gente no pone su barba a remojar.
Es lastimoso que las personas no tengan programas de salud mental con 2
millones de pesos para atender a 10 mil personas al año, mientras los hipócritas
del gobierno vuelan casi 100 viajes en aviones privados de contratistas corruptos
que les pasan su parte, o mientras empresarios se embolsan, uno solo, más de
33 mil millones de pesos de contratos públicos.
El nivel tan bajo de los narcotraficantes mexicanos es casi pestilente a la vista
de todos, no se encuentran ubicados en sus negocios de drogas, ahora la
bajeza del poder y la venganza los llevan a hacer narcoterrorismo sin ser
capturados, por ahora.
Nos estamos viendo, que, si pudiera vivir nuevamente mi vida, haría más viajes,
contemplaría más atardeceres, subiría más montañas, nadaría más ríos...
www.facebook.com/psicologoclinicomexico
Por Boris González Ceja
Luis tiene una hectárea bien ubicada en la sierra de Sinaloa, donde siembra maíz.
Desde hace tiempo, integrantes del crimen organizado lo presionan para que cambie el uso de su tierra o la abandone. La amenaza es directa: si se resiste, él y su familia
pueden ser asesinados.
Historias semejantes se repiten en comunidades rurales de Chihuahua, Michoacán,
Chiapas, Guerrero y Zacatecas. El desplazamiento forzado interno ocurre cuando
personas, familias o comunidades enteras se ven obligadas a abandonar su hogar para proteger la vida, sin cruzar una frontera internacional.
Aunque el fenómeno suele aparecer en las noticias como una cifra o una breve nota
roja, detrás de cada desplazamiento hay una ruptura profunda. Se pierde la casa, la
tierra, el trabajo, la escuela, la red familiar, la identidad comunitaria y la sensación
elemental de seguridad. También se pierde la posibilidad de planear el futuro. Quien
huye lleva consigo algunos objetos, pero sobre todo carga miedo, duelo, incertidumbre y la obligación de comenzar desde cero en un lugar desconocido.
En materia de salud mental existe una preocupante desconexión institucional. Como
psicólogo y especialista en violaciones graves a los derechos humanos, he señalado en repetidas ocasiones la ausencia de psicólogos comunitarios suficientemente
capacitados en albergues temporales y zonas de refugio.
Las personas desplazadas no necesitan únicamente una consulta aislada: requieren
acompañamiento sostenido, sensible a su historia, su cultura y las condiciones de
riesgo que todavía enfrentan.
El despojo de tierras y propiedades por conflictos religiosos, agrarios o políticos, así
como la violencia ejercida por grupos delictivos con la tolerancia o complicidad de
autoridades locales, puede producir síntomas de estrés postraumático, depresión,
ansiedad, insomnio, culpa y desesperanza.
Por eso, la atención no puede reducirse a decirle a una persona que “piense positivo” o que acuda a terapia convencional durante unas cuantas sesiones. La intervención debe incluir diversas acciones complejas para la atención de problemas complicados, como el desplazamiento. La salud mental no se sostiene cuando una familia sigue sin saber
si puede regresar, cuando carece de ingresos, cuando son despreciados en ciudades a
donde llegan o cuando teme que sus agresores permanezcan impunes.
Un caso especial es el de las infancias, que requieren una atención prioritaria. Niñas,
niños y adolescentes desplazados pueden haber presenciado asesinatos, sufrido la
desaparición de familiares o perdido de manera repentina su escuela, sus amistades y
su entorno protector. La interrupción educativa y la incertidumbre afectan su desarrollo
emocional.
Las mujeres, las personas mayores, las comunidades indígenas y quienes tienen
alguna discapacidad enfrentan obstáculos adicionales. Una política pública seria debe
identificar sus barreras y garantizar atención con perspectiva de derechos humanos,
género, interculturalidad y ciclo de vida.
El problema es que los gobiernos continúan presentando informes maquillados,
mientras miles de personas sobreviven. El presupuesto público no pertenece a los
funcionarios ni a sus familias: proviene de los impuestos de la sociedad y debe
utilizarse para proteger a quienes enfrentan una emergencia humanitaria. Ninguna
beca del bienestar sustituye una política integral de seguridad, justicia y salud mental.
También es inadmisible que la ayuda se convierta en propaganda. En una ocasión, una
política nos pidió realizar una intervención en la frontera “de a gorra”, con el propósito
evidente de tomarse la fotografía y presumir que atendía el desplazamiento forzado.
Nos negamos. La atención psicológica no puede ser un escenario para la promoción
personal ni una dádiva condicionada a la imagen de un funcionario.
Causas y azares:
Vaya nivel de corrupción y de cinismo el que se ventila todos los días con los
gobiernos y sus familiares, que no están peor que los anteriores, pero como
todos son iguales y solo se reciclan en sus posiciones, la cosa va para largo, en
un país donde la gente no pone su barba a remojar.
Es lastimoso que las personas no tengan programas de salud mental con 2
millones de pesos para atender a 10 mil personas al año, mientras los hipócritas
del gobierno vuelan casi 100 viajes en aviones privados de contratistas corruptos
que les pasan su parte, o mientras empresarios se embolsan, uno solo, más de
33 mil millones de pesos de contratos públicos.
El nivel tan bajo de los narcotraficantes mexicanos es casi pestilente a la vista
de todos, no se encuentran ubicados en sus negocios de drogas, ahora la
bajeza del poder y la venganza los llevan a hacer narcoterrorismo sin ser
capturados, por ahora.
Nos estamos viendo, que, si pudiera vivir nuevamente mi vida, haría más viajes,
contemplaría más atardeceres, subiría más montañas, nadaría más ríos...
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