• Requerimos impulsar una Ley que regule la responsabilidad del sector empresarial con el medio ambiente
  • Empresarios aseguran que el pago de nuevos impuestos pondría en riesgo su permanencia en el estado

Morelia, Michoacán, 16 de septiembre de 2019. Con el compromiso de establecer una legislación para el cuidado del medio ambiente en el estado, el diputado local de Acción Nacional y presidente de la Comisión de Hacienda y Deuda Pública, Arturo Hernández Vázquez, sostuvo la séptima reunión de trabajo con los integrantes de la Asociación de Industriales del Estado de Michoacán A.C. (AIEMAC), quienes manifestaron su imposibilidad económica para el pago de nuevos impuestos.

 

“Tenemos el compromiso de trabajar de manera coordinada, nosotros presentaremos las inquietudes del sector empresarial a los integrantes de las Comisiones Unidas, para que se tomen en cuenta en el presupuesto estatal del 2020, pero debemos de ser responsables con el medio ambiente, la responsabilidad es de todos”, señaló.

 

Tras sostener un acercamiento, que forma parte de las reuniones que iniciaron desde el 24 de junio, Arturo Hernández, reconoció que el establecer nuevos impuestos, sin una ruta clara, solamente representa un tema de recaudación para el gobierno estatal, más no atiende el tema de mejorar las condiciones del medio ambiente.
Ante dicha situación, informó que se trabajará en una iniciativa que regule el tema y que se uniformada con la legislación federal existente.
“Hemos tomado en cuenta las inquietudes de los empresarios michoacanos, lo que pretendemos es evitar los errores cometidos en el 2019 y entender que el daño al medio ambiente debe ser atendido, pero no con finalidades económicas o de recaudación, sino por una verdadera intención de cuidar lo que tenemos antes de que sea tarde”, expresó.

En las mesas de trabajo, los industriales afiliados a la AIEMAC han manifestado su total rechazo a la aplicación de los impuestos ecológicos en el ejercicio fiscal del año 2020, toda vez que consideran que, si se les aplican, estaría en riesgo su permanencia en el Estado, además de que argumentaron que cumplen con diversas obligaciones federales y aseguran tener diversas certificaciones ambientales internacionales que acreditan que son industrias responsables con el medio ambiente.

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