Lunes, 21 de Septiembre de 2020

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Morelia, Mich

Urgente fortalecer la garantía del pago de la pensión alimenticia: Cristina Portillo

Urgente fortalecer la garantía del pago de la pensión alimenticia: Cristina Portillo
La legisladora presentó una iniciativa que castiga a los empleadores que incumplen con la entrega de información para el pago de esta obligación.

Morelia, Michoacán, 27 de agosto de 2020. Pese a que el incumplimiento en el pago de la pensión alimenticia está penado por la legislación actual, existen resquicios legales que permiten dilatar el cumplimiento de esta obligación, señaló la diputada local morenista, Cristina Portillo.

«Es urgente cerrar cualquier hueco en la ley que deje en estado de indefensión al acreedor alimentario, y en ello debemos trabajar en el Legislativo» Debido a ello, es que Portillo Ayala presentó, en sesión virtual del Congreso del Estado, una iniciativa que reforma el Código Penal del Estado de Michoacán a efecto de sancionar al empleador o responsable del pago que de algún modo oculte o no informe el ingreso real de la persona obligada al pago de la pensión alimenticia.

«En muchos casos, existe una complicidad del empleador del deudor para reportar un ingreso menor al que realmente se percibe, acciones que están lejos de ser honestas y que merecen una consecuencia jurídica», señaló la morenista. 

«La Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, reconoce su derecho a que se les satisfagan los alimentos, así como la obligación de los padres de proporcionarles una vida digna, garantizarles la satisfacción de alimentación, así como el pleno y armónico desarrollo de su personalidad en el seno de la familia, la escuela, la sociedad y las instituciones.

El estado debe tomar en consecuencia, toda serie de medidas para darle certeza a que estos derechos se concreten», apuntó Cristina Portillo. La iniciativa pretende sancionar hasta con un año de prisión a quien incumpla con la obligación de proporcionar a la autoridad judicial la información sobre los ingresos económicos del deudor alimentario; y hasta con tres años de prisión al empleador que no realice los descuentos determinados en resolución judicial de forma inmediata.