Congreso de Michoacán aprueba reformas para frenar abusos en grúas y corralones
Morelia, Michoacán, 22 de junio de 2025.- Con el respaldo unánime del Pleno, el Congreso del Estado aprobó una serie de reformas a la Ley de Movilidad y Seguridad Vial, con el objetivo de combatir la corrupción y los abusos históricos en el servicio de grúas y corralones en Michoacán. La propuesta fue impulsada por el diputado Hugo Rangel Vargas, presidente de la Comisión de Movilidad y Comunicaciones.
Las modificaciones legislativas buscan “erradicar la discrecionalidad, la corrupción y la falta de transparencia que han caracterizado a este servicio por décadas”, señaló el legislador, quien subrayó que con esta reforma se antepone el interés público sobre los negocios privados.
Entre los puntos clave aprobados, se encuentran la definición precisa de las causales por las que un vehículo puede ser remitido al depósito, limitando el margen de interpretación de las autoridades, así como la armonización de los reglamentos municipales con la legislación estatal.
Además, todas las tarifas por arrastre, salvamento y guarda de vehículos deberán ser públicas, autorizadas por el Congreso del Estado y fiscalizadas por la Secretaría de Finanzas y Administración, en conformidad con la Ley de Gobierno Digital.
“Queremos que la gente sepa exactamente cuánto cuesta el servicio y por qué, y que pueda consultar un tabulador oficial. Eso es transparencia, eso es justicia”, enfatizó Rangel Vargas.
Las reformas también incorporan elementos del reglamento federal de servicios auxiliares del autotransporte, como el registro informático obligatorio de todos los movimientos de ingreso y salida de vehículos en los depósitos, así como la obligación de conservar en buen estado las unidades remolcadas.
A través de nuevas fracciones al artículo 42 de la ley, se establece que la Secretaría de Seguridad Pública deberá vigilar el cumplimiento de las tarifas, emitir reglas claras para la operación de corralones, y garantizar el acceso de la ciudadanía a toda la información sobre costos y procedimientos.
“Este Congreso no puede ser cómplice silencioso de un sistema que extorsiona a la gente desde la legalidad. Estas reformas no resuelven todo, pero sientan un precedente: en Michoacán, el negocio de las grúas ya no será tierra de nadie”, concluyó Hugo Rangel.
Las modificaciones legislativas buscan “erradicar la discrecionalidad, la corrupción y la falta de transparencia que han caracterizado a este servicio por décadas”, señaló el legislador, quien subrayó que con esta reforma se antepone el interés público sobre los negocios privados.
Entre los puntos clave aprobados, se encuentran la definición precisa de las causales por las que un vehículo puede ser remitido al depósito, limitando el margen de interpretación de las autoridades, así como la armonización de los reglamentos municipales con la legislación estatal.
Además, todas las tarifas por arrastre, salvamento y guarda de vehículos deberán ser públicas, autorizadas por el Congreso del Estado y fiscalizadas por la Secretaría de Finanzas y Administración, en conformidad con la Ley de Gobierno Digital.
“Queremos que la gente sepa exactamente cuánto cuesta el servicio y por qué, y que pueda consultar un tabulador oficial. Eso es transparencia, eso es justicia”, enfatizó Rangel Vargas.
Las reformas también incorporan elementos del reglamento federal de servicios auxiliares del autotransporte, como el registro informático obligatorio de todos los movimientos de ingreso y salida de vehículos en los depósitos, así como la obligación de conservar en buen estado las unidades remolcadas.
A través de nuevas fracciones al artículo 42 de la ley, se establece que la Secretaría de Seguridad Pública deberá vigilar el cumplimiento de las tarifas, emitir reglas claras para la operación de corralones, y garantizar el acceso de la ciudadanía a toda la información sobre costos y procedimientos.
“Este Congreso no puede ser cómplice silencioso de un sistema que extorsiona a la gente desde la legalidad. Estas reformas no resuelven todo, pero sientan un precedente: en Michoacán, el negocio de las grúas ya no será tierra de nadie”, concluyó Hugo Rangel.
